En el transcurso de nuestra CXXV reunión conjunta, los
Obispos del Sur de España hemos dedicado una atención especial a la situación de
la educación en nuestra región, y hemos decidido hacer públicas las siguientes
consideraciones.
1.- En primer lugar, valoramos y apreciamos el
esfuerzo realizado por cuantos se ocupan de la educación en nuestra comunidad
autónoma a favor del desarrollo integral de la persona, sea cual sea la red
educativa en que llevan a cabo ese trabajo.
2.- Vemos con preocupación la política de recortes
aplicada por los responsables públicos a este sector. Nos preocupa
especialmente la situación de la enseñanza concertada que, durante décadas, se
ha consagrado a la tarea educativa en nuestra comunidad, atendiendo en muchas
ocasiones a los sectores más desfavorecidos. Ahora se encuentra amenazada por
los poderes públicos, pese a su aceptación social y a la demanda de muchas
familias. Igualmente nos preocupa la supresión de los centros de educación
diferenciada, que vulnera el derecho de los padres a elegir el tipo de
educación que responda a sus convicciones.
3.- Tenemos presentes a los titulares de los centros
educativos, portadores del derecho a crear centros que garantizan el ejercicio
de la libertad de enseñanza, tan sano en una sociedad plural y democrática.
Especialmente, apoyamos a los padres en su derecho fundamental, que reconoce la
Constitución (art. 27), a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus convicciones, como dimensión de la formación que
debe recibir una persona para su desarrollo integral, y, por lo mismo, a
escoger el centro educativo en que quieran escolarizarlo.
4.- Expresamos nuestra preocupación en estos momentos
de renovación de conciertos educativos en los que se pretende eliminar unidades
escolares en centros que las tienen autorizadas, en funcionamiento, concertadas
desde hace muchos años y que poseen una demanda suficiente. Nos duele, en
especial, la posible eliminación de tales unidades escolares en centros
dedicados a los más desfavorecidos, donde se viene realizando una magnífica
labor educativa. Nuestro apoyo y afecto a todas las comunidades educativas que
ven amenazados sus derechos en las distintas diócesis de Andalucía.
5.- Por ello, con respeto y firmeza, pedimos a las
autoridades educativas que realicen los esfuerzos necesarios para mantener una
política educativa que sea motor de nuestra sociedad y respetuosa con el
derecho de las familias a elegir la educación acorde con sus convicciones.
Igualmente pedimos que, conforme a sus obligaciones legales, concierten a los
centros educativos que reciban demanda suficiente, garantizando así un sistema
educativo de calidad, a la vez que equitativo y plural.
En Córdoba, a 22 de mayo
de 2013
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